En una entrevista que han tenido esta semana, el multimillonario Elon Musk y Alice Weidel, la líder de la ultraderecha alemana, han dicho estar de acuerdo en que Hitler era comunista. Lo que en principio puede parecer un bulo casi ridículo para que la política germana se lave la cara de cara a las próximas elecciones encierra en realidad una cuestión fundamental: la función moral del Estado.
Las actuales corrientes de extrema derecha en el mundo suelen girar, dependiendo del contexto, en torno al libertarismo, una versión extrema del liberalismo económico que propugna dejar al Estado en su mínima expresión.
El nazismo de hace cien años, al contrario, era mucho más estatalista, sí, y desplegaba una política pública de calado exclusivamente para la población que era considerada racialmente alemana. Es algo bien sabido que, si el fascismo del siglo XX tomó esta postura, fue por la enorme competencia que suponían para la captación de las masas otras opciones políticas que en ese momento se movían en el mundo, sobre todo el comunismo, cuando los tejidos sociales de las comunidades agrarias tradicionales se disolvían por todo occidente. Se garantizaba una cobertura social, pero solo para los privilegiados que eran considerados pertenecientes al pueblo alemán. La extrema derecha actual, en otro contexto histórico, sin prácticamente alternativas políticas reales, no cuenta con ese lastre y puede desplegar lo que realmente comparte con sus parientes ideológicos de hace un siglo: el culto a la desigualdad y la exclusión de las minorías y los desfavorecidos. Para ello es fundamental acabar con un Estado que, desde sus orígenes, ha luchado por su papel moral. Y ahora ya tienen las manos libres.
Desde Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, se establece que el Estado debe promover la virtud. Y en las sociedades tradicionales, comunidades de aldea, como la multitud de concejos leoneses, lucharon por mantener el reparto de la representación política y la distribución económica atendiendo a criterios de solidaridad y dignidad humana entre sus miembros. La ruptura de estas comunidades, con el advenimiento de la industrialización y el éxodo a las ciudades, trajo consigo una lucha por recomponer los lazos perdidos, una lucha donde el papel del Estado tomaba un papel protagonista. Los millones de desplazados encontraron muchas veces el amparo perdido en una legislación y unas instituciones que trataban de ordenar la vida social con criterios de solidaridad y de justicia. Conviene recordar todo esto. Y nuestros concejos son un patrimonio a reivindicar. Hubo un tiempo en que la necesidad hizo que la comunidad se convirtiese en el refugio donde encontrar apoyo y calor. Una sociedad actual, basada en el consumo, nos puede hacer creer que estamos muy alejados de todo aquello, que no necesitamos esa solidaridad y esa seguridad. Y eso puede ser pasto para aquellos que quieren acabar con esos lazos.
